La Casta se vistió de libertaria: Milei autorizó un aumento cercano al 90% para funcionarios

El Gobierno nacional avanzó con una fuerte actualización salarial para ministros y funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo. La medida fue oficializada a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y contempla un incremento que, según el gremio estatal ATE, alcanza el 89,5 por ciento.

Si bien en los días previos se había especulado con subas de entre el 60% y el 100%, el texto oficial no detalla los montos finales que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados. Los salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023, al inicio de la gestión de Javier Milei.

De acuerdo a la normativa, el aumento impacta sobre las remuneraciones de ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorias, así como sobre las autoridades superiores incluidas en los regímenes establecidos por los Decretos N° 1716/92 y N° 140/07, y cargos con jerarquía equivalente.

El decreto aclara que la actualización no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que los incrementos dispuestos no tendrán carácter retroactivo.

Fuertes críticas gremiales

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron duramente la decisión. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el aumento como “una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino” y acusó al Gobierno de actuar con “caradurez y falta de sensibilidad social”, en un contexto de ajuste, pérdida de poder adquisitivo y recortes en áreas clave del Estado.

Los argumentos oficiales

En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la medida al señalar que busca garantizar un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente” para las funciones de conducción superior del Estado. Según el Ejecutivo, la actualización salarial contribuiría a fortalecer la integridad institucional, combinada con controles y mecanismos de rendición de cuentas.

Además, la normativa incorpora un mecanismo de congelamiento automático de salarios para estos cargos en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado. Según el texto oficial, esta cláusula apunta a “reafirmar la importancia del superávit fiscal” como eje central de la política económica.

El decreto vincula el aumento con el superávit fiscal alcanzado y el “orden macroeconómico” de la gestión libertaria, y lo presenta como una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público. En ese marco, el Ejecutivo inscribe la decisión dentro de una estrategia de largo plazo orientada a un Estado “eficiente y profesional”.

Finalmente, la medida asigna a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública un rol clave en la implementación de un nuevo esquema de empleo público basado en la evaluación por desempeño y el mérito, una reforma que el Gobierno presenta como parte de su proceso de reorganización del Estado.