Polémica en Lezama por el aumento del sueldo de la intendenta Mongay
14 agosto, 2026La intendenta de Lezama, Myriam Mongay, firmó en marzo el Decreto 248/2026, mediante el cual dispuso elevar su remuneración de 10 a 12 sueldos mínimos correspondientes a la categoría de un trabajador ingresante al municipio.
La medida generó un fuerte rechazo en el Concejo Deliberante y abrió una discusión no solo sobre el procedimiento utilizado, sino también sobre la oportunidad de la decisión, su dimensión ética y el impacto que tiene en un contexto de crisis económica, donde los trabajadores y vecinos enfrentan dificultades para sostener sus ingresos y afrontar el aumento del costo de vida.
La situación tomó especial relevancia durante una sesión del Concejo Deliberante, donde la presidenta del cuerpo, Lorena Silva, junto a concejales, planteó cuestionamientos vinculados con la decisión de la jefa comunal y el mecanismo elegido para establecer el incremento de su propia remuneración.
El decreto establece que la remuneración de la intendenta pase de equivaler a 10 sueldos mínimos de un trabajador ingresante a 12 sueldos mínimos, lo que representa un incremento del 20% en la referencia utilizada para determinar sus haberes.
Más allá de las discusiones institucionales sobre las facultades y el procedimiento empleado, el caso abrió un debate político que excede lo estrictamente administrativo: ¿era oportuno que la intendenta dispusiera un aumento de su propio salario en el actual contexto económico?
La discusión también pone sobre la mesa una cuestión ética vinculada con las prioridades de una gestión municipal. Mientras los trabajadores municipales, jubilados, comerciantes y familias de Lezama atraviesan un escenario de fuerte presión sobre sus ingresos, la decisión de incrementar la remuneración de la máxima autoridad comunal genera cuestionamientos sobre las señales políticas que transmite.
El aumento, dispuesto mediante un decreto firmado por la propia intendenta, se convirtió así en un nuevo foco de tensión dentro de la política local y promete mantener abierto el debate en el Concejo Deliberante sobre los límites, las formas y la oportunidad de las decisiones vinculadas con los salarios de los funcionarios.
El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión la relación entre gestión, responsabilidad institucional y ética política, especialmente en un momento en el que desde distintos sectores se reclama austeridad y mayores esfuerzos para afrontar la situación económica.
