Más de 80 Intendentes bonaerenses no podrán competir en 2027 y se reabre el debate político

La aplicación de la ley provincial 14.836 volverá a tener un impacto central en el escenario político bonaerense de cara a las elecciones de 2027. La norma, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, establece límites a las reelecciones consecutivas e impide que más de 80 intendentes de distintas fuerzas políticas puedan presentarse nuevamente si no se modifica el marco legal vigente.

En términos generales, la restricción afecta a 52 intendentes peronistas, 17 radicales, 5 libertarios, 3 del PRO y 4 vecinalistas. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, volvió a poner el tema en agenda al anticipar que en 2026 impulsará la reapertura del debate legislativo con el objetivo de revisar o modificar la normativa.

El peronismo es la fuerza más comprometida por la aplicación de la ley. Gobierna actualmente 84 municipios y más de la mitad de sus intendentes no podrá competir por un nuevo mandato. Entre ellos se destacan figuras de fuerte peso político en el conurbano bonaerense, como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fernando Espinoza (La Matanza), además de Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar).

También se encuentran alcanzados Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Lucas Ghi (Morón), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Fernando Moreira (San Martín). En el interior provincial, el impacto se extiende a intendentes como Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Germán Lago (Alberti) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), entre otros.

El impacto en la Quinta Sección Electoral

En la Quinta Sección Electoral, la aplicación de la ley tendrá una incidencia relevante sobre distritos de peso político y electoral. Intendentes como Miguel Lunghi (Tandil), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón–Mar del Plata), Francisco Echarren (Castelli), Osvaldo Di Nápoli (General Belgrano), José Castro (Monte), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Javier Gastón (Chascomús) y Gustavo Barrera (Villa Gesell) se encuentran entre los jefes comunales que, de no modificarse la normativa, no podrán competir por un nuevo mandato en 2027.

Dentro del peronismo, La Cámpora cuenta con tres intendentes impedidos de renovar: Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), además de otros dirigentes cercanos al espacio como Leo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Esteban Sanzio (Baradero). El Frente Renovador, fuerza que impulsó la ley en 2016, también se ve alcanzado, con seis intendentes sin posibilidad de reelección, entre ellos Juan Andreotti (San Fernando) y Javier Gastón (Chascomús).

Por su parte, la Unión Cívica Radical gobierna 27 municipios y 17 de sus intendentes no podrán renovar mandato. Entre los casos más emblemáticos figuran Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Gargaglione (San Cayetano), quienes cerrarán extensos ciclos de gestión, junto a otros jefes comunales del interior bonaerense.

En tanto, La Libertad Avanza registra cinco intendentes impedidos de competir, con Guillermo Montenegro como el caso de mayor visibilidad, mientras que el PRO suma tres jefes comunales alcanzados por la ley. El vecinalismo completa el mapa con cuatro intendentes en la misma situación.

Continuidad de gestión y escenario abierto

Más allá de las limitaciones individuales que impone la normativa vigente, el escenario no aparece necesariamente adverso para la continuidad de varios oficialismos locales. En numerosos municipios, las gestiones actuales han mostrado niveles de consolidación que se reflejaron en resultados electorales contundentes, incluso en elecciones legislativas intermedias. En ese contexto, distintas miradas coinciden en que la imposibilidad de reelección del intendente no constituye, por sí sola, un factor determinante, y que los proyectos políticos y equipos de gestión cuentan con margen para sostener competitividad a través de nuevos candidatos.

De todos modos, el proceso electoral hacia 2027 se encuentra aún en una etapa incipiente. Con casi dos años por delante, el reordenamiento político que impone la ley se dará en un escenario dinámico, atravesado por debates internos, eventuales cambios normativos y la redefinición de liderazgos locales y provinciales.