Presupuesto 2026: un ajuste que amenaza a la clase media y baja.
17 septiembre, 2025El proyecto oficial elimina el piso del 6% del PBI para educación, condiciona los fondos a las universidades, no garantiza jubilaciones frente a la inflación y proyecta un dólar irreal. Resultado: más ajuste que derechos.
El superávit como objetivo exclusivo
El Presupuesto 2026 fija como meta un resultado financiero equilibrado o superavitario. El artículo 1 lo convierte en mandato legal. Esta definición implica que el ajuste fiscal será la prioridad, aun si eso recorta recursos en áreas esenciales como educación, salud o previsión social.
Educación: un retroceso histórico
Uno de los puntos más alarmantes es la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a educación. Ese piso legal fue una conquista social que garantizaba inversión mínima en escuelas, universidades y salarios docentes. Su eliminación deja a la educación pública librada a la discrecionalidad presupuestaria y a la lógica del ajuste.
Universidades bajo presión política
El artículo 12 asigna $4,7 billones a las universidades nacionales, pero con una condición: la entrega de información administrativa bajo amenaza de interrupción de transferencias. Este mecanismo habilita recortes encubiertos o presiones sobre la autonomía universitaria, debilitando a una de las instituciones más valoradas por la clase media argentina.
Jubilaciones y salarios: más pérdida de poder adquisitivo
El proyecto prevé fondos para cancelar deudas previsionales, pero no establece una fórmula de movilidad jubilatoria que asegure haberes reales frente a la inflación.
El Ejecutivo estima que el dólar oficial cerrará 2026 en $1.423, mientras que consultoras y bancos internacionales proyectan valores cercanos a $1.700. Si el mercado acierta, la inflación será mayor que la contemplada y tanto jubilaciones como salarios quedarán aún más rezagados.
Más carga sobre la clase media
El esquema impositivo mantiene su sesgo en impuestos indirectos (IVA, combustibles, tarifas), que golpean con más fuerza a la clase media y baja. Con tarifas dolarizadas y sin un esquema de compensación social robusto, el presupuesto consolida un escenario de mayor desigualdad.
Un déjà vu peligroso
Presupuestos con características similares existieron en la historia reciente. El de 2000, durante el gobierno de De la Rúa, y el de 2019, bajo Macri, priorizaron el déficit cero. En ambos casos, la consecuencia fue recesión, deterioro social y crisis política. El proyecto 2026 parece repetir esa fórmula: contabilidad fiscal por encima de derechos sociales.
Conclusión
El Presupuesto 2026 no es un plan de desarrollo inclusivo. Es un plan de ajuste que recorta derechos, debilita la educación pública, condiciona a las universidades y deja a jubilados y asalariados a merced de la inflación.
En definitiva, proyecta un país con menos oportunidades para la clase media y más desigualdad para los sectores populares.
