El Municipio de Castelli informó que Laura Olguín y Sebastián Prediger se encuentran co-imputados en una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por el intendente municipal, en la que se analizan presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de recursos públicos.
Según el comunicado oficial, en las últimas horas la Justicia ordenó el allanamiento de una propiedad vinculada a Olguín y Prediger, con participación de efectivos policiales y peritos, con el objetivo de recolectar elementos que permitan avanzar en la investigación.
Uno de los ejes de la causa apunta a determinar si materiales destinados a la construcción de 83 viviendas del barrio Curita fueron utilizados para una obra privada. El Municipio señaló que se investiga la posible utilización de ladrillos, hierros y otros materiales adquiridos para el proyecto habitacional.
También se analiza la relación temporal entre el avance de la obra privada y el desarrollo de las viviendas públicas, además del destino de los materiales y recursos destinados a las familias beneficiarias.
Otro de los puntos mencionados es el caso de 28 techos abonados por el Municipio que no fueron entregados oportunamente, situación que derivó en una denuncia penal y posteriormente en la restitución de materiales valuados, según el Ejecutivo municipal, en aproximadamente $300 millones.
En paralelo, Sebastián Prediger es investigado por el destino de fondos provenientes de la venta de materiales reciclables de la planta municipal. De acuerdo con la denuncia, alrededor de 20 trabajadores podrían aportar testimonios sobre esas operaciones y sobre el supuesto incumplimiento del pago de bonos que les correspondían.
La investigación también incluye la compra de una pala cargadora municipal, respecto de la cual el Municipio denunció un presunto sobreprecio cercano a los USD 12.000. Según informó el Ejecutivo, la primera licitación fue anulada y posteriormente se adquirió una máquina similar por un monto USD 12.000 menor al de la propuesta cuestionada.
Desde la Municipalidad remarcaron que se trata de una investigación en curso y que será la Justicia la que determine si existieron delitos y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.
El Ejecutivo local aseguró que continuará aportando documentación y colaborando con las medidas judiciales requeridas, mientras la causa avanza con allanamientos, secuestro de elementos, documentación y testimonios.